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El Gobierno acuerda establecer un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto laboral en El Prat

Las partes implicadas en el conflicto deberán designar un árbitro de mutuo acuerdo en el plazo máximo de 24 horas desde que les sea notificada esta decisión. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, el árbitro será designado por el Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes y dictará su decisión en el plazo de diez días.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha informado del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece un arbitraje obligatorio como medio de solución de la huelga declarada en la empresa Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, una vez que ha fracasado el proceso de mediación de la Generalitat de Cataluña y no hay otro recurso legal para hacer frente a la situación.

El ministro ha explicado que en el plazo máximo de 24 horas desde que se notifique a los sindicatos y a la patronal este acuerdo, estos deberán designar un árbitro de mutuo acuerdo. Si transcurrido dicho plazo no se ha logrado el acuerdo, el árbitro será designado por el Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes.

A fin de garantizar la imparcialidad del árbitro, el Ministerio someterá con carácter previo a las partes el nombre de la persona a designar y estas pueden, en el plazo de esas 24 horas, realizar cuantas alegaciones consideren oportunas al objeto de aclarar la relación de imparcialidad.

La decisión de arbitraje, ha concretado el ministro, “habrá de ser resuelta en equidad en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de designación de la figura del árbitro”. Este acuerdo se notificará al comité de huelga y a la empresa Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Íñigo de la Serna ha resaltado que el acuerdo tiene un “carácter excepcional” y una aplicación específica a un caso singular y en unas circunstancias muy concretas. Además, ha subrayado que “el Gobierno entra con firmeza en un conflicto que está generando un problema importante a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país, y entra desde el momento en que ha fracasado la mediación, con la agilidad suficiente para tomar decisiones que hacen que el aeropuerto haya recobrado la normalidad y se establezca un cauce para la solución definitiva del conflicto”.

Es un procedimiento legal, según ha apuntado el ministro, que tiene precedentes en España, y que ha sido utilizado en circunstancias similares. El Gobierno considera que “tiene que suponer el fin del conflicto en el momento en el que se establezcan las condiciones que serán vinculantes para las partes”, ha dicho.

Propuestas sindicales

Íñigo de la Serna ha anunciado que, como decisión informal tras el debate sostenido en torno a la situación de El Prat, el Gobierno ha estudiado las propuestas que los sindicatos, en especial UGT y Comisiones Obreras, le han trasladado para establecer un marco global de carácter nacional que determine condiciones relacionadas con el trabajo en los sistemas aeroportuarios y en otros servicios de la seguridad privada.

El ministro ha afirmado que al Ejecutivo le “parece bien” la sugerencia de crear un grupo de trabajo con los sindicatos para abordar las condiciones del sector de la seguridad privada en aspectos como la formación, la calidad del servicio, la productividad y las condiciones laborales y salariales. No obstante, ha aclarado que este grupo de trabajo no sustituye a la mesa de negociación sectorial que está en marcha entre las partes.

Los aeropuertos de Alicante y Valencia podrían ir a la huelga

Mientras en el aeropuerto de Barcelona se espera que la aplicación del laudo obligatorio resuelva los desacuerdos que han llevado a los trabajadores de Eulen a la huelga indefinida, una sombra de conflicto planea por los aeropuertos de Alicante, Valencia y Madrid.

Los trabajadores de estos aeropuertos coinciden en que “el problema no se da con una empresa (Eulen)”, sino con las “licitaciones de concursos por debajo del precio de convenio”.

Los controles de seguridad están a cargo de Prosegur en el Aeropuerto de Valencia y el Aeropuerto de Alicante, pero los trabajadores de Eulen (labores de facturación y vigilancia en las terminales) podrían ir a la huelga si el Gobierno aprueba el nombramiento de un mediador el conflicto en el aeropuerto de Barcelona. Su intención es la de presionar al Ejecutivo de modo que este apruebe “un modelo único de contratación”.

Aunque en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la empresa Eulen se encarga de labores de facturación y vigilancia en las terminales, sus empleados en Madrid-Barajas se están planteando qué medidas podrían tomar para solidarizarse con sus compañeros del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

 

 

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