La plataforma Airbnb, que recurrió a los tribunales, ha retirado los anuncios ilegales que requirió Consumo después de que la Justicia respaldara las actuaciones del Ministerio que dirige Bustinduy. Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios que no cuentan con el número de registro, tal y como es obligatorio en la legislación vigente, y que son diferentes a los ya notificados a la plataforma. Con esta acción, el Ministerio que dirige Bustinduy ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”
Fotografía: Martínezld
Madrid, 29 de septiembre de 2025.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado que Airbnb, plataforma especializada en alquiler de alojamientos turísticos, retire de su web los cerca de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
La retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la Justicia respaldara las actuaciones de Consumo.
Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio.
Así, el Ministerio que dirige Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados por la plataforma.
El archivo digital elaborado por Consumo contiene también información de interés como la tipología de la vivienda (si es habitación o alojamiento completo); su información geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma); o los datos disponibles de los anfitriones.
Con esta acción, el Ministerio que dirige Bustinduy ratifica su compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, como ha manifestado el ministro en diversas intervenciones públicas.
Por esta razón, la Unidad de Análisis de Consumo va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos.
La justicia vuelve a respaldar las resoluciones de Consumo para retirar los anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb
Tras las resoluciones que envió Consumo a Airbnb, que ya fueron respaldadas en un auto anterior por este mismo tribunal, la plataforma retiró en julio los 65.000 anuncios ilegales que le reclamó eliminar el Ministerio que dirige Bustinduy
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto esta semana con el que avala, por segunda vez, las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 instó a finales de 2024 a la compañía multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos de su plataforma por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. Concretamente, el TSJM se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy dictó, a través de la Dirección General de Consumo, para que Airbnb retirara de su plataforma casi 35.000 anuncios (34.728). La multinacional recurrió esta medida cautelar y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado ese recurso de Airbnb, como ya hiciera en mayo contra un primer recurso de esta multinacional. De esta forma, el TSJM avala, por segunda vez, las actuaciones de Consumo ante esta compañía.
En total, el Ministerio que lidera Bustinduy instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones: la primera de 5.800 anuncios que fue avalada por el TSJM en el primer auto de mayo, la segunda de 34.728 anuncios que acaba de ser avalada en este segundo auto, y una tercera resolución con los anuncios restantes, que es la única que no ha sido recurrida por Airbnb. De hecho, tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional retiró estos 65.000 anuncios en julio.
Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de estos 65.000 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que finalmente fueron retirados por la compañía:
● Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro. Esto es algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
● Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras.
● Los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
En este mismo ámbito de actuación contra la publicidad ilegal de viviendas turísticas, Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024. Además, la Dirección General mantiene abiertos expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas y expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país, según ha declarado públicamente en varias ocasiones. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado, al tiempo que ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.
