La formación leonesista registró una batería de preguntas escritas en las Cortes autonómicas mediante las cuales vuelve a reclamar a la institución autonómica que exija al Gobierno de España la supresión de este peaje por la ilegalidad de la prórroga de la última concesión.
Fotografía: MITMA
Unión del Pueblo Leonés (UPL) pregunta a la Junta de Castilla y León si va a imponer sanciones a la empresa concesionaria de la autopista AP-66, Aucalsa, tal y como ya ha anunciado que va a hacer el Principado de Asturias, por cobrar la tarifa íntegra a los usuarios de esta autopista que une León y Asturias a pesar de que gran parte de su trazado se encuentra en obras, con cierre de carriles y desvíos que implican un notable incremento de los tiempos de acceso entre León y Asturias, generando un claro perjuicio a muchos habitantes de la Región Leonesa.
Así lo ha hecho a través de una batería de preguntas registrada en las Cortes, tras anunciar hace unos días el Gobierno del Principado de Asturias que impondrá sanciones a la empresa concesionaria de la AP-66, Aucalsa, por cobrar la tarifa íntegra a los usuarios de la autopista que une León y Asturias a pesar de que gran parte de su trazado se encuentra en obras, con cierre de carriles y desvíos que implican una importante reducción de velocidad en diversos tramos y un notable incremento de los tiempos de acceso entre León y Asturias, lo que está generando un claro perjuicio a la Región Leonesa, más cuando en pleno verano son muchos los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca que se dirigen a Asturias a pasar sus vacaciones estivales, a los que habría que añadir los que lo hacen por cuestiones laborales.
Y es que, cabe recordar que la tarifa normal en esta autopista es de 16’20 euros de forma general para vehículos por acceder de León a Asturias (y otro tanto en sentido contrario para acceder de Asturias a León), un precio que UPL considera abusivo para una autopista de 78 kilómetros de longitud que actualmente, de facto, se ve reducida además a una vía de un solo carril por sentido en un número importante de kilómetros debido a las obras que mantiene Aucalsa en la AP-66, que incrementan los tiempos de trayecto entre León y Asturias e impiden una conducción cómoda por la misma al verse salpicada por continuos cierres de carril y desvíos.
Sin embargo, a pesar de que el Gobierno de Asturias ya ha señalado que impondrá sanciones a Aucalsa por mantener el cobro íntegro del peaje a pesar de que gran parte de la AP-66 se encuentre con obras, cierres de carriles y desvíos, desde la Junta de Castilla y León no ha habido ningún movimiento en el mismo sentido, aún y cuando el mantenimiento de dicho peaje, así como especialmente su cobro íntegro mientras duran dichas obras, está perjudicando gravemente a la Región Leonesa.
Por otro lado, UPL recuerda que a finales de 2025 registró un escrito ante la Fiscalía de León para pedir el cese del peaje en la autopista AP-66 mientras permaneciesen unas obras que impiden una circulación cómoda y segura, por lo que cobrar el peaje supone algo abusivo y su cobro podría estar vulnerando los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) y 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo darse una defensa del interés general de los usuarios de la autopista AP-66, conforme a la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1441/2025.
Además, UPL recuerda en su iniciativa parlamentaria que el peaje de la AP-66, a pesar de mantenerse, sería ilegal. Por ello, en la pasada legislatura Unión del Pueblo Leonés presentó una Proposición No de Ley en las Cortes, que fue aprobada en el pleno del 22 de mayo de 2024, mediante la cual se reclamaba al Gobierno de España suprimir el peaje de la AP-66 atendiendo a la ilegalidad de la prórroga de la última concesión comunicada por la Comisión Europea y por ser dicha supresión del peaje lo más conveniente para el territorio leonés, supresión en la que insisten desde UPL.
Por todo ello, los leonesistas cuestionan a la Junta en las preguntas registradas en Cortes sobre las acciones llevadas a cabo ante el Gobierno central para exigirle la supresión del peaje dada su ilegalidad, reclamándole asimismo que siga los pasos de Asturias e imponga a la concesionaria sanciones por mantener el peaje de la AP-66 a pesar de las obras en gran parte de su trazado.
