Los fraudes objeto del expediente son prohibir el acceso a los recintos con comida y bebida del exterior, imponer en el recinto el pago con pulseras cashless, quedarse con parte del dinero que sobre y establecer un plazo limitado para solicitarlo.
La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas que FACUA-Consumidores en Acción lleva años denunciando. Se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades autónomas, razón por la cual se puede intervenir desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
Los fraudes objeto del expediente sancionador son prohibir el acceso a los recintos con comida y bebida del exterior, imponer en el recinto el pago con pulseras cashless, quedarse con parte del dinero que sobre y establecer un plazo limitado para solicitarlo.
FACUA lleva décadas denunciando abusos y fraudes en conciertos y festivales ante la pasividad de las autoridades de consumo y espectáculos públicos de las comunidades autónomas, que en contadas ocasiones han aplicado multas ridículas que representan una ínfima parte del beneficio ilícito obtenido con sus irregularidades.
Solo el año pasado, la asociación interpuso denuncias contra las promotoras de 28 festivales y conciertos. En lo que va de legislatura, FACUA ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a la promotora Live Nation en reiteradas ocasiones por un cúmulo de irregularidades en distintos espectáculos, concretamente en los conciertos de AC/DC en 2024 y los de Lady Gaga y Bad Bunny en 2025. También la ha denunciado ante varias comunidades autónomas. El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha aclarado si es esa la empresa objeto de expediente sancionador.
Las irregularidades
Las posibles irregularidades que se están investigando son prohibir de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes y denegando el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria; prohibir que los asistentes a un festival puedan salir y acceder acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo; y establecer como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso; así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.
Estas prácticas, de constatarse, serían abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en caso de ser calificadas como infracciones muy graves serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recordando que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
