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Compromís critica que el Gobierno Sánchez vuelva a negar el retorno de los Archivos de Salamanca a la Generalitat, ayuntamientos o particulares.

El ejecutivo descarta devolver la documentación robada por no haberse solicitado antes del 11 de enero de 2010.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado que el Gobierno Sánchez siga los pasos del Gobierno Rajoy, y se acoja a unos plazos injustos para no comprometerse a devolver la documentación valenciana robada por los golpistas, y depositada en el Archivo de Salamanca.

Mulet ha calificado de indecente que se escuden de nuevo en el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, el cual finalizaba su periodo de solicitud de revolución el 11 de enero de 2010.  “ Les Corts Valencianes exigieron por unanimidad este retorno en 2004, mucho antes por lo tanto, y no se atendió este requerimiento, y ante una documentación robada por un régimen ilegal, hay que habilitar mecanismos legales para su restitución, bien sea mediante otro Real Decreto o la fórmula que sea, no nos sirve que establecieron un plazo limitado, que se abra otro”.

Fotografía: Martínezld

Mulet ha calificado como expolio patrimonial a los valencianos y valencianas, la persistencia de los “ papeles de Salamanca” “en 26 de abril del 1938 los golpistas creaban a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, encargada de “requisar toda la documentación de organismos republicanos, partidos, sindicados, desafectos al Movimiento nacional y susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Entre 1938 y 194, hay constancia que, “al menos, ocho vagones de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas fueron enviados desde Vinaròs, Castelló, Valencia y Alicante hacia el Archivo de Salamanca”.

Fotografía: Martínezld

De esta forma, la Generalitat o decenas de ayuntamientos valencianos “sufrían el expolio de sus papeles”, entre ellos  Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, San Juan de Moro, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, Valencia, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva, Xàbia y Chiva, a particulares, entidades politicas y sindicales.

La documentación “sirvió en muchos casos para condenar a muerte a miles de personas o reprimirlas brutalmente, y que, a día de hoy, la documentación referente a ayuntamientos pueblos, entidades e instituciones valencianos continúan secuestrados, al contrario de lo que ha pasado con otros que han podido conseguirlo, continúan en Salamanca, lejos de sus legítimos propietarios”.

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