Versión clásica

El gobierno central responde con generalidades la obligación que exige el Consejo de Europa para proteger el leonés.

Chunta y Alantre exigen al Gobierno medidas urgentes para proteger el aragonés y el leonés tras las recomendaciones del Consejo de Europa.  España ignora el mandato europeo para salvaguardar el leonés y el aragonés: sin planificación ni acciones concretas antes de 2026.

chunta alantreLeón08/05/2025; El pasado mes de marzo, de forma conjunta, Chunta y Alantre presentaron una relación de preguntas en las que se solicitaba al Gobierno central que informase sobre medidas va a tomar para la protección del aragonés y el leonés. Estas vienen derivadas tras emitir el Comité de Ministros del Consejo de Europa las “Recomendaciones de acción inmediata” publicadas el pasado 19 de noviembre, instando a  las autoridades españolas (Gobierno del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales) en el ámbito de sus competencias a: “Tomar medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguarda el amazigh, el aragonés, catalán (llamado valenciano en la Comunidad autónoma de Murcia), darija, leonés, y sus respectivas culturas en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, Murcia y las Ciudades autónomas de Melilla y Ceuta».

En este sentido, queremos recordar que en virtud de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias — tratado internacional ratificado por el Congreso de los Diputados en 2001 y que forma parte del bloque constitucional y obliga a todas las administraciones públicas y el Estatuto de Autonomía en su Art. 5.2 — el Consejo de Europa recuerda a España que tiene que aplicar todas las recomendaciones y observaciones que se recogían en la monitorización del Sexto Informe de Cumplimiento emitido el 18 de junio de 2024 por el Comité de Expertos respecto del aragonés, del catalán de Aragón y del leonés.

De igual manera, ante el escenario crítico al que se enfrenta el leonés ni Gobierno de España, ni la Junta de Castilla y León, ni tampoco, las autoridades locales en el ámbito de sus competencias, han tomado medidas suficientes, siguiendo sin utilizarse en los medios de comunicación públicos y constatando que la autoridad autonómica no atiende a las peticiones de las organizaciones privadas para la promoción y protección de estas lenguas. Y todo ello establecida una fecha para adoptar esas medidas recomendaciones antes del 1 de febrero del 2026.

Sin embargo, el Gobierno del Estado ha respondido con generalidades como si no fuera con ellos, y lo peor, respondiendo desde el Ministerio de Cultura cuando las competencias son del Ministerio de Política Territorial, es decir, no tienen nada previsto ni planificado, política habitual en prácticamente todo lo que atañe a este territorio.

No podemos consentir que nuestro patrimonio inmaterial lingüístico siga en este proceso de eliminación progresiva por parte de todas las administraciones, unas administraciones carecen de una planificación de recuperación lingüística del llionés, para la que no valen políticas simbólicas y cosméticas. Así, la exigencia del Consejo de Europa a todas las autoridades españolas, en el ámbito de sus competencias, es una obligación constitucional, y aquellos que se les llena la boca con la Constitución, con la igualdad y su cumplimiento son aquellos que precisamente la incumplen de forma deliberada y sectaria.

El gobierno central respuende con xeneralidades la obligación qu’exige’l Conseyu d’Europa pa protexer el llionés.

El pasáu mes de marzu a comuña Chunta y Alantre presentanon una riestra perguntas nas que se solicitaba al Gobiernu central que informase sobru que medidas va a tomar pa la protección del aragonés y el llionés. Éstas vienen derivadas tras emitir el Comité de Ministros del Conseyu d’Europa las «Recomendaciones de acción inmediata» espublizadas el pasáu 19 de nuviembre, instando a las autoridades españolas ( Gobiernu del Estáu, Comunidades Autónomas y entidades locales) nel ámbitu de las suas competencias a:

«Tomar medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguarda el amazigh, el aragonés, catalán (llamado valenciano en la Comunidad autónoma de Murcia), darija, leonés, y sus respectivas culturas en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, Murcia y las Ciudades autónomas de Melilla y Ceuta «.

Nesi sen, queremos remenbrar que en virtud de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias — tratáu internacional ratificáu pol Congresu de los Diputados en 2001 y que se atopa nel bloque constitucional y obliga a tódalas alministraciones públicas y l’Estatutu d’Autonomía nel sou Art. 5.2 — el Conseyu d’Europa recuerda a España que tien que aplicar tódalas recomendaciones y observaciones que se recoyían na monitorización del Sextu Informe de Cumplimientu emitíu’l 18 de xuniu de 2024 pol Comité d’Expertos respecto del aragonés, del catalán de Aragón y del leonés.

Asina col escenariu críticu al que se atopa ‘l llionés nin Gobiernu d’España, nin la Junta de Castilla y Llión, nin tampoucu, las autoridades locales nel sou ámbitu de las suas competencias, tomanon medidas suficientes, siguiendo ensin utilizarse nos medios de comunicación públicos y constatando que la autoridad autonómica nun atiende a las peticiones de las organizaciones privadas pa la promoción y protección d’estas llinguas. Y todo ello establecida una fecha p’adotar esas medidas recomendaciones enantes del 1 de febreiru del 2026.

Sicasi, el Gobiernu del Estáu respondióu con xeneralidades como si nun fuera con eillos, y lo pior, respondiendo dende’l Ministeriu de Cultura cuando las competencias son del Ministeriu de Política Territorial, yia decir, nun tienen nada previsto nin planificado, política habitual en prácticamente todo lo que tien que ver con esti territoriu.

Nun podemos consentir que’l nuesu patrimoniu inmaterial llingüísticu siga nesti procesu de desanicíu progresivu por tódalas alministraciones, unas alministraciones carecen d’una planificación de recuperación llingüística del llionés, pa la que nun valen políticas simbólicas y cosméticas. Asina, la esixencia del Conseyu d’Europa a tódalas autoridades españolas, nel ámbitu de las suas competencias, yia una obligación constitucional, y aquellos que-ys chena la bouca cona Constitución, cona igualdá y el sou cumplimentu son aqueillos que precisamente la incumplen de forma deliberada y sectaria.

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies para medir y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios, y que el visitante tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes configurar y aceptar el uso de cookies a continuación.

Más información
Configuración Aceptar todas