La asociación insta al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes a favorecer la modernización del sistema ferroviario de País Vasco para ofrecer una movilidad sostenible a la ciudadanía.
FACUA Euskadi ha reclamado al Gobierno Vasco que adopte las medidas necesarias para favorecer la modernización de las líneas ferroviarias, de manera que se pueda dar satisfacción a los intereses y derechos de los ciudadanos vascos.
En una instancia dirigida al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, la asociación ha compartido la preocupación de los usuarios. Corresponde al Gobierno Vasco garantizar que dentro de su territorio existan unas infraestructuras adecuadas para el transporte de viajeros, de manera que se garanticen su derecho de movilidad y se contribuya al desarrollo de Euskadi.
Por todo ello, FACUA Euskadi reclama a las autoridades vascas que tomen la iniciativa y coordinen las actuaciones que sean necesarias con los gobiernos de España y Francia para garantizar que el servicio ferroviario que se presta en el territorio vasco funcione de modo correcto. En especial en casos como la línea de Irún, donde son reiteradas las quejas de los usuarios por las numerosas deficiencias que se producen cada semana.
En el caso de la línea de trenes transfronteriza de Irún a Bayona y Burdeos, tal y como han publicado los medios, las autoridades de estos municipios han urgido la necesidad de realizar un estudio complementario por parte de una empresa independiente para analizar los calendarios, las posibilidades de transporte intermodal, la viabilidad técnica, los tiempos de viaje previstos, los costes y los impactos ambientales para abordar la mejora de este medio colectivo.
Competencias exclusivas
FACUA Euskadi recuerda que el Gobierno Vasco tiene competencias exclusivas en materia de ferrocarriles, por lo que debe procurar disponer de una red de ferrocarriles con un estado de funcionamiento y de frecuencia óptimos, indispensable para garantizar un transporte público de calidad.
La asociación defiende que el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera, siendo precisamente el buen funcionamiento del transporte público una forma eficiente de garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Española, en donde se refleja que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.
La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario determina en su artículo 2 que la administración debe “establecer los criterios para que la prestación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías se realice con eficacia, continuidad y en condiciones idóneas de seguridad”.
El apartado primero del artículo 62 de la referida Ley expone que “los usuarios tendrán derecho al uso de los servicios de transporte ferroviario en los términos establecidos en la reglamentación de la Unión Europea y demás normas de aplicación en la materia y, en su caso, en los contratos que celebren con las empresas ferroviarias”.
Por otro lado, el Reglamento (CE) n° 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, señala en el apartado primero de su artículo 28 que “las empresas ferroviarias definirán normas de calidad del servicio e implantarán un sistema de gestión de la calidad para el mantenimiento de la calidad del servicio. Las normas de calidad del servicio cubrirán, como mínimo, los aspectos indicados en el anexo III”.
