El Auto de la jueza de Instrucción de Puebla de Sanabria, ratificando la medida acordada por la Junta, permitió a la Guardia Civil proceder a la suspensión de la actividad y al desalojo de todos los participantes.
Fotografía: Belén Panero
Castilla y León | 10 de agosto de 2020 Este pasado domingo la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora recibió un informe de la Guardia Civil sobre la celebración de una concentración no autorizada en el término municipal de Vime de Sanabria, Zamora, en la que participan más de 150 personas llegadas de distintos puntos del país desde la noche del viernes día 7 y que, al parecer, fueron convocados mediante las redes sociales.
En dicho informe se pone de manifiesto que desde su llegada al municipio ocupan unas fincas particulares e incumplen las obligaciones de uso de mascarilla, así como la distancia social, considerando que dicha aglomeración de personas podía suponer un riesgo grave de salud pública dado al alto riesgo de contagio de coronavirus. Todo ello con la consiguiente alarma social que ha generado desde su llegada en la población.
Ante la grave situación, la Delegación Territorial, a través de la delegada Territorial en cuanto autoridad sanitaria competente, y previo informe del Servicio Territorial de Sanidad, con intervención de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se acuerdas la suspensión de la actividad y se solicita a la Sra. Jueza de Instrucción de Puebla de Sanabria la ratificación judicial de la medida y el consiguiente desalojo, todo ello en virtud de lo establecido, fundamentalmente, en la Ley 10/2010 de Salud Pública de Castilla y León y el Decreto Ley 7/2020 por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitaria para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Comunidad, cuya disposición considera estos hechos como infracciones muy graves y permite la adopción de medidas cautelares como la adoptada en este caso.
Gracias a la actuación coordinación de la Junta de Castilla y León con la Administración de Justicia, la Subdelegación del Gobierno y la Guardia civil, se ha procedido a dar respuesta a una situación que ponía en riesgo la salud pública ocasionando en este sentido alarma social en la comarca.
