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Miles de interinos confían este jueves en un voto favorable a la moción de Compromís que aporte soluciones a la situación que sufren”

Se estima que existen en nuestro país unos 800.000 interinos en situación de abuso. Compromís reclamará este jueves un procedimiento excepcional de concurso de méritos y la creación de la figura del funcionario fijo

MuletMadrid, 26 de noviembre de 2020. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha señalado hoy que “la clase política debe afrontar en Madrid soluciones a la injusta situación que sufren en nuestro país cientos de miles de interinos en fraude de ley”. Se conoce así a quienes han estado durante años trabajando sin que se hayan convocados sus plazas y encadenando contratos lo que ha hecho que exista una elevada temporalidad en el sector público a pesar que las plazas se trataban de puestos de naturaleza estructural.

Por eso Mulet ha reclamado a la totalidad de los grupos de la comisión de Función Pública “que esté a la altura de las circunstancias y del lado de los trabajadores públicos y ponga su empeño con medidas concretas como las que plantea la moción de Compromís” y que pasan acabar con la temporalidad de una forma legal, habilitando norma expresa por una sola vez para consolidar al personal interino o temporal que se encuentre trabajando durante más de tres años ininterrumpidamente en la misma plaza de la Administración mediante la Ley de Excepcionalidad prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). La otra propuesta de la coalición pasa por equiparar derechos y condiciones de estos trabajadores con el resto sin alcanzar la condición de funcionario de carrera con la figura de nueva creación de funcionario fijo, lo que los equipararía en estabilidad e inamovilidad.

Para Mulet “la clase política debemos emplearnos en solucionar los problemas, también de los servidores públicos y para ello debemos garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios y por eso hemos lanzado una iniciativa política, de la mano de los afectados, ya que la solución pasa por reducir la estabilidad y adaptar el marco normativo en Madrid para garantizarles sus derechos y el cumplimiento de la sentencia del TJUE que condena a España por esta práctica, ya que hoy por hoy el único marco vigente es el de las oposiciones con la realidad actual y entendemos que no se puede esperar más”.

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