Tras las descalificadoras palabras del vicepresidente de la Diputación de León, Matías LLorente, contra los empleados públicos, y más concretamente de la institución provincial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige respeto para los funcionarios y trabajadores de las administraciones, que mantienen, con dedicación y esfuerzo, numerosos servicios de la vida de los ciudadanos.
Fotografía: Manuel González
“Culpar a los funcionarios de la incompetencia e irresponsabilidad de nuestros políticos no es nuevo, pero argumentar que el problema de la rentabilidad de unas instalaciones, como la estación de San Isidro, se debe a los ‘derechos, moscosos y días libres’ de los que disfrutan los funcionarios, como hace el señor Llorente, es un desatino y una bajeza intolerable”, valora CSIF.
“No es sólo un insulto a todas las personas que mantenemos los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, seguridad o administración) de nuestra provincia”, afirma CSIF, “sino que además es una muestra manifiesta de la ignorancia más supina, respecto a las normas que regulan los derechos laborales de todos los trabajadores de nuestro país”.
El afán privatizador de la Diputación Provincial de León “quedó en evidencia poco tiempo atrás, cuando los tribunales de Justicia, dando la razón a CSIF, anularon el acuerdo de la institución por el que se creaban diversos parques de bomberos con personal no funcionario. Ahora, su vicepresidente, el ‘sindicalista’ y político Matías Llorente, “pretendiendo buscar una rentabilidad económica a la Estación Invernal de San Isidro, pone en tela de juicio la viabilidad de su idea, si no se quita la gestión a la Administración, de cuya dirección Llorente forma parte, y se pone en manos de la iniciativa privada”.
Quizás, el vicepresidente de la Diputación debería aclarar si lo que pretende es buscar mano de obra “esclava”, para demostrar la viabilidad de sus proyectos, considera CSIF. Pregunta que, si “para hacer atractiva la zona al turismo quiere aprovecharse de sus gentes, para que renuncien a sus derechos laborales, a cambio de sueldos de miseria; o si para que él viva de la política, deben irse los funcionarios a sus casas”.
Los empleados públicos -hay funcionarios y personal laboral- que trabajan en la Estación de San Isidro, como todo el personal que trabaja para la administración en España, “son la garantía de que los servicios públicos se ofrecen a los ciudadanos con seguridad, objetividad y equidad, sin depender del color político del partido de turno.
“Y el único ‘derecho’ que tienen sobre el resto de trabajadores de nuestro país es la dificultad de la privación de sus puestos de trabajo, lo cual, más que un derecho del funcionario, viene a ser una garantía de que los vaivenes de la política no pongan patas arriba el funcionamiento de nuestras administraciones. Porque ejemplos de mala gestión, señor Llorente, ya nos sobran”, concluye CSIF.
